Miembro del Tribunal Electoral del Maule es imputado por abuso sexual infantil y defendido por directora jurídica de la Municipalidad de Talca (RN)

Por Josefa Barraza Díaz

El pasado 3 de mayo, los concejales de la Municipalidad de Talca Juan Figueroa, Hernán Astaburuaga, Javiera Carrera, Paula Retamal, Melania Moya, y Carolina Soto, interpusieron una denuncia ante la Contraloría Regional del Maule, en contra de la actual directora de la Dirección de Asesoría Jurídica de la comuna, Grace Salazar, por comparecer en su calidad de abogada, en la defensa de causas particulares, durante su horario laboral, en donde habría utilizado bienes municipales; lo que revelaría graves faltas a la probidad administrativa.

En la denuncia a la que este medio tuvo acceso, se relata que Salazar compareció en audiencias de sus causas privadas en horario de oficina, “sin que los permisos administrativos, permisos sin goce de sueldo, y feriado legal coincidieran con las fechas y horarios en que desempeña funciones de abogada particular, habiendo fundadas sospechas de que aquellas audiencias fueron tomadas desde dependencias municipales, y mediante el uso de bienes de carácter público (Internet, computador y dependencias municipales)”.

Incluso se detalla que la directora jurídica asistió en al menos 35 audiencias penales, en las cuales habría comparecido en horario de oficina desde julio de 2019 a marzo de 2022. Además, según el registro de Transparencia Activa del personal de planta -diciembre de 2022-, Salazar posee una remuneración de $5.644.491.

Respecto a lo anterior, la concejala Carolina Soto, sostiene que las razones principales para presentar esta denuncia fue constatar que Salazar está cometiendo una falta grave a la probidad, mientras utiliza recursos públicos para fines personales, puesto que, la directora debería estar abocada al 100% a defender, proteger y aclarar los hechos que refieren a la ciudad.

-A la fecha el Municipio no ha entregado ningún tipo de información oficial con respecto al pronunciamiento que ha hecho el concejo. También nos interesa conocer las medidas que va a tomar la administración ante esta denuncia, y como normalmente ocurre, cada vez que hemos tratado de fiscalizar esta conducta con falta a la probidad, nunca hemos tenido respuestas claras por parte de la administración. Eso es uno de los temas más preocupantes, al menos para mí como concejal, ya que no es primera vez que hacemos este tipo de menciones con directoras jurídicas o incluso con otro directivo. Finalmente las investigaciones sumarias y los procesos administrativos quedan en nada-, explica Soto en conversación con El Ciudadano.

Sin embargo, el nombre de Grace Salazar no es desconocido en la región del Maule, puesto que, en agosto de 2008 y mientras desempeñaba funciones como fiscal de Talca, Salazar fue destituida por el fiscal nacional de la época, Sabas Chahuán, por presentar fuera de plazo cargos y acusación en contra una banda de 14 narcotraficantes, provocando que todos quedarán en libertad. Incluso, la ex fiscal se defendió asegurando que fue una falta involuntaria.

Pese a lo anterior, Juan Figueroa, concejal denunciante, comenta que Salazar posee gran poder al interior de la Municipalidad, principalmente, por defender y actuar como abogada del actual alcalde, Juan Carlos Díaz, en denuncias por faltas a la probidad y corrupción.

Por otra parte, y como se expresa en la denuncia contra la directora jurídica, según el artículo 56 de la Ley 18.575, “todos los funcionarios tendrán derecho a ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio conciliable con su posición en la Administración del Estado, siempre que con ello no se perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios, sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones establecidas por ley”.

Finalmente, el 30 de junio pasado, la Contraloría Regional del Maule específico en su resolución que la Municipalidad de Talca, “previo análisis de la información correspondiente a las 35 audiencias indicadas en la presentación y, verificando que aquellas se efectuaron dentro de la jornada laboral, solicita se desestime la denuncia de la especie, por cuanto estima que no se configurarían las faltas graves a la probidad que se indican”.

“De la sola revisión de las causas mencionadas en la denuncia, se advierte que la comparecencia de la aludida funcionaria a audiencias, vía remota, dentro del horario de la jornada laboral (…) esta Entidad Fiscalizadora, haciendo uso de las atribuciones que le confiere su Ley Orgánica N° 10.336, especialmente en los artículos 133 y 134, instruirá un sumario administrativo en la Municipalidad de Talca, con el fin de esclarecer las eventuales responsabilidades comprometidas en los hechos denunciados”, se lee en la conclusión de Contraloría.

Carolina Soto es enfática al confirmar que Grace Salazar continúa en funciones al interior de la Municipalidad, lo que es preocupante, ya que, es la funcionaria encargada de velar por la transparencia de la comuna, por lo que una investigación por probidad administrativa no es menor.

-Una espera que las investigaciones se hagan, pero al menos el alcalde debiese tomar alguna medida, mientras se desarrolla esta investigación (…) Toda vez que esta funcionaria de confianza por parte del alcalde (…) Las funciones siguen, sé que después de la denuncia ella presentó, no sé si fue producto de lo mismo, eso es para especular, pero sí estuvo con su proceso de vacaciones. Incluso estuvo en un concejo, estuvo presente como directora jurídica, e hizo varias interpretaciones con respecto a los puntos de tabla, como que si aquí no había pasado nada-, explica Soto.

Este medio contactó a la Municipalidad de Talca, para conocer su versión respecto a la denuncia e investigación, en contra de la directora jurídica. Hasta el cierre de este reportaje siguen sin emitir respuesta.

No obstante, este caso no acaba aquí.

Según antecedentes recopilados por El Ciudadano, una de las causas judiciales particulares en las que ha comparecido Grace Salazar como abogada, es el caso que involucra al miembro del Tribunal Electoral Regional del Maule, Gastón Pinochet Donoso, quien está querellado por abuso sexual infantil.

Expediente secreto: Caso Pinochet

En enero de 2020, P.M* interpuso una querella criminal en contra de Gastón Pinochet Donoso, por los delitos de abuso sexual infantil y amenazas, presuntamente cometidos hacia su hija de 5 años. Lo anterior, habría quedado al descubierto mediante un informe realizado por el Programa de reparación en maltrato y abuso sexual infantil PRM “San Clemente Maule”, el cual da cuenta de hechos graves y constitutivos de delitos -el que incluiría pornografía infantil-.

Sin embargo, esta acción judicial no sería la única interpuesta en contra de Pinochet. La Corporación de Asistencia Judicial (Mi Abogado), presentó una querella criminal en contra de Gastón Pinochet y su cónyuge, María Aubele, por los delitos de violación impropia, producción de material pornográfico infantil y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar (en el caso de Pinochet); mientras que Aubele por abuso sexual -al igual de Pinochet-.

Debido a esto, se inició una investigación en el Ministerio Público en contra de Pinochet y su esposa, pero, ¿quién es Gastón Pinochet Donoso?

Según información del Tribunal Electoral de la Región del Maule (TER), está conformado por Carlos Carrillo (presidente y ministro), Gastón Pinochet (primer miembro), y Olga Morales (segundo miembro). Lo anterior también fue corroborado a través de la página web del TER y por la Acta de Sesión Extraordinaria N°295, en donde se menciona la presencia de Pinochet -diciembre de 2021-, a pesar de ser investigado por Fiscalía por abuso sexual infantil.

Además, existe otro antecedente que alerta: Gastón Pinochet es el representante legal de la Corporación de Ayuda a la Familia, organismo colaborador acreditado del Servicio Nacional de Menores, quienes en conjunto han llevado a cabo el proyecto «Residencia de vida familiar Liliana Donoso” ubicado en Linares, y el que consiste en “acoger a 20 niñas vulneradas gravemente en sus derechos, proporcionándoles la satisfacción de sus necesidades biopsicosociales, en un ambiente protector, reparatorio, empático y seguro” -como se lee en el convenio firmado entre Pinochet y Blas Becerra, ex director regional Maule Sename-. Incluso, el proyecto vence en septiembre de 2023.

Además, Gastón Pinochet es padre del ex seremi de Economía del Maule (2019-2022), Matías Pinochet, quien fue nombrado por el ex ministro subrogante de Economía, Ignacio Guerrero, durante el gobierno de Sebastián Piñera.

El Ciudadano tuvo acceso a documentación de la causa judicial, que revela las intenciones de la Fiscalía Regional del Maule de cerrar abruptamente la investigación, con diligencias pendientes pese a ser solicitadas por los querellantes (Mi Abogado). Es más, se denuncia una cercanía de Gastón Pinochet y Grace Salazar (su abogada) con el Ministerio Público de la séptima región.

No obstante, el pasado 14 de abril, Gastón Pinochet presentó una amparo por denegación de información, en contra de la psicóloga Paola Salinas, que tiene como objetivo “que la demandada sea condenada a otorgar copia de los antecedentes y datos personales de carácter psicológico, cuyo acceso me ha sido denegado (Pinochet)” -se lee en el documento que es de carácter público, y que fue revelado por @BotCheckerCL, en el marco de su investigación de convenios en el Maule-.

Este medio contactó al abogado querellante del caso, Fernando Leal, pero se negó a dar declaraciones en atención a que es una causa reservada y por una prohibición por parte del tribunal para referirse a este tema -dejando entrever un silenciamiento de la causa-.

Consultada la Defensoría de la Niñez por esta causa, afirmaron que en relación al caso consultado, les parece importante señalar que «inicialmente este caso se abordó desde una lógica desde la intervención judicial,  hasta que en noviembre del año 2021, ingresa el programa Mi Abogado a la causa y por tanto, se efectiviza el artículo 50 de la ley de garantías en términos de que la niña víctima de estos hechos, cuente con una representación jurídica».

-En ese sentido la institución determina abordar los hechos que son materia de investigación, y otros hechos que han salido a propósito de la misma investigación del Ministerio Público, abordarlo desde la lógica, desde la intermediación para poder remitir tanto recomendaciones como solicitudes de información, tanto al fiscal nacional a propósito de las irregularidades que nosotros vimos en la causa investigativa, pero también al Servicio Nacional de Menores en ese entonces, con el objeto de que se instruyan medidas que garanticen la protección de los niños, niñas y adolescentes de dicha región y que podrían haber estado involucrados en los hechos en materia de investigación-, sostuvo Giannina Mondino, defensora de la Niñez subrogante.

Respecto a lo revelado en este reportaje, el departamento de Comunicaciones del Servicio Nacional de Menores aseveró que desde el 1 de octubre de 2021 el Servicio de Protección Especializada (Mejor Niñez) quedó a cargo de la supervisión, y fiscalización de los organismos colaboradores relacionados con protección, puesto que, Sename solo sigue funcionando con los jóvenes que cumplen medidas cautelares y sanciones, mientras se implementa el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil.

En tanto, Mejor Niñez explicó que se encuentran «recabando todos los antecedentes de un caso denunciado cuando el antiguo Servicio Nacional de Menores (Sename) se encontraba en operación”.

Desde la Fiscalía Regional del Maule confirmaron la investigación en contra de Gastón Pinochet, por el delito de abuso sexual infantil.

Actualmente, la causa sigue abierta, mientras que la defensa de Pinochet espera su sobreseimiento en los próximos días.

*Esta identidad fue protegida para resguardar a las personas involucradas en el caso.

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